La llegada del V Encuentro Regional del Foro Madrid a Santiago, programado para este 3 y 4 de septiembre, abre un debate que va mucho más allá de las disputas ideológicas. En medio de las controversias que rodean al estratega digital argentino Fernando Cerimedo, sus presuntos vínculos con campañas políticas y las investigaciones sobre redes de desinformación, emerge otra preocupación: el avance de un discurso que cuestiona la evidencia científica sobre el cambio climático y puede terminar transformándose en bloqueo de políticas públicas.
La Cámara de Diputados acaba de aprobar una comisión investigadora para examinar la eventual influencia de Cerimedo en la política chilena, luego de que su nombre volviera al centro de la controversia tras su detención por intento de asesinato contra su pareja en Bolivia y el hallazgo de una denominada “mini granja de bots”. El Presidente José Antonio Kast, por su parte, ha reconocido conocer al consultor, aunque niega haber trabajado con él durante sus campañas.
El escenario resulta especialmente inquietante porque el Foro Madrid reúne precisamente a figuras de la extrema derecha internacional, entre ellas Kast y el Presidente argentino Javier Milei, en un encuentro organizado por la Fundación Disenso, vinculada a Vox.
Y mientras las redes políticas discuten sobre propaganda, bots y manipulación digital, otra batalla avanza silenciosamente: la batalla contra la evidencia científica.
Cuando sembrar dudas puede terminar paralizando al Estado
El negacionismo climático no necesariamente necesita afirmar que el cambio climático “no existe”. Puede ser mucho más sutil: relativizar la responsabilidad humana, ridiculizar a científicos, presentar la transición energética como una imposición ideológica o exagerar sistemáticamente los costos económicos de actuar.
El problema aparece cuando esa retórica deja de ser simplemente discursiva y comienza a influir en decisiones de gobierno.
El patrón es conocido: primero se instala la duda; después se desacredita la evidencia; luego se exageran los costos de las soluciones y finalmente se presenta la inacción como una opción razonable.
En España, dirigentes de Vox han cuestionado reiteradamente el consenso científico sobre el origen humano del calentamiento global y han defendido revertir políticas climáticas como la Ley de Cambio Climático y elementos del Pacto Verde Europeo. El propio discurso de sus dirigentes ha recurrido a expresiones como “religión” o “fanatismo climático”, desplazando la discusión desde la evidencia científica hacia una disputa política y cultural.
En Argentina, Javier Milei también ha difundido posiciones críticas frente al consenso climático y su gobierno retiró inicialmente a la delegación argentina de la COP29. Sin embargo, Argentina no abandonó el Acuerdo de París y posteriormente participó con una delegación reducida en la COP30. La precisión importa: el riesgo no está en inventar una ruptura que no ocurrió, sino en advertir sobre el debilitamiento institucional, la incertidumbre y la pérdida de prioridad política que pueden afectar la acción climática.
Chile no está en condiciones de darse ese lujo
La preocupación adquiere otra dimensión cuando se observa la realidad nacional.
Chile es considerado altamente vulnerable al cambio climático y cumple siete de los nueve criterios de vulnerabilidad establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas, incluyendo zonas áridas y semiáridas, áreas expuestas a sequías y desertificación, zonas propensas a desastres, ecosistemas frágiles, zonas costeras de baja altura y ciudades con contaminación atmosférica.
Eso significa que el cambio climático no es una discusión lejana ni una batalla cultural importada desde Europa o Estados Unidos.
Está en el agua que falta.
En los incendios que avanzan.
En las sequías que golpean al campo.
En las ciudades que enfrentan temperaturas extremas.
En los ecosistemas que desaparecen.
En las familias que viven en territorios expuestos a desastres.
Y frente a esa realidad, Chile ya cuenta con una institucionalidad climática que no puede simplemente quedar subordinada a los vaivenes de una batalla ideológica.
La Ley Marco de Cambio Climático establece como objetivo alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050, además de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia frente a los impactos climáticos. La normativa incorpora, entre otros, el principio científico, la progresividad, la transparencia y la urgencia climática.
La desesperanza de mirar hacia otro lado
El verdadero peligro, entonces, no sería solamente que algunos dirigentes cuestionen la ciencia. El peligro mayor sería que esas ideas terminen debilitando presupuestos, instituciones, fiscalización, planificación territorial, políticas de adaptación y compromisos de reducción de emisiones.
Porque una cosa es discutir democráticamente cómo enfrentar el cambio climático.
Otra muy distinta es convertir la evidencia científica en una cuestión de fe política.
En este escenario, la controversia por Cerimedo agrega una capa adicional de preocupación: si las democracias ya enfrentan el desafío de combatir campañas de desinformación, bots y manipulación digital, ¿qué ocurre cuando esa maquinaria se combina con discursos que buscan instalar dudas sobre problemas científicos que requieren respuestas urgentes?
La pregunta es incómoda, pero inevitable.
Chile necesita más ciencia, no menos.
Más información verificable, no más manipulación.
Más democracia, no operaciones digitales en las sombras.
Más planificación, no parálisis.
Y, sobre todo, más acción climática.
Porque mientras algunos convierten el cambio climático en una batalla ideológica, el clima no debate, no vota y no espera.
Y para un país tan vulnerable como Chile, postergar las decisiones de hoy puede significar que mañana ya no exista margen suficiente para tomarlas.
