El 7° Juzgado Civil de Santiago dictó una sentencia que obliga a los herederos del dictador Augusto Pinochet a devolver al fisco más de 16 millones de dólares, tras concluir que dichos fondos corresponden a un enriquecimiento injustificado obtenido a través del uso del poder estatal durante su régimen.
El fallo, a favor del Consejo de Defensa del Estado (CDE), incluye a 16 herederos, entre ellos su fallecida esposa Lucía Hiriart, y se emite casi siete años después del cierre del denominado Caso Riggs, investigación que reveló la existencia de millonarias cuentas secretas en el extranjero a nombre de Pinochet y su entorno cercano.
Aunque el excomandante en jefe del Ejército murió sin enfrentar un juicio penal, la justicia civil estableció que existió un enriquecimiento ilícito superior a los 17 millones de dólares, de los cuales más de 16 millones no habían sido objeto de comiso y, por lo tanto, deben ser restituidos al Estado de Chile.
Especialistas sostienen que el dictador utilizó el poder político y militar para apropiarse de recursos públicos en beneficio propio y de su familia. “No puede transmitirse como herencia lo que fue adquirido dolosamente, porque jurídicamente no le pertenece”, señaló uno de los fundamentos de la resolución.
El caso también reabre el debate sobre la dimensión política y ética de la figura de Pinochet. Para amplios sectores, incluso dentro de la derecha de la época, la corrupción y el enriquecimiento personal resultaban más reprochables que las violaciones a los derechos humanos. Su prestigio, ligado al aparato cívico-militar que sostuvo la dictadura, comenzó a deteriorarse justamente cuando se conocieron las irregularidades financieras y el aprovechamiento económico de su régimen.
De este modo, la reciente resolución marca un nuevo hito en la larga disputa judicial en torno al patrimonio de Pinochet, confirmando que los bienes obtenidos ilícitamente durante la dictadura no pueden ser heredados por su familia, sino que deben regresar al Estado chileno.
