La decisión del Ejecutivo deja sin efecto una iniciativa creada en 2023 para acercar el patrimonio cultural a las nuevas generaciones. La Defensoría de la Niñez calificó la medida como “lamentable” y advirtió que eliminar una instancia diseñada específicamente para la infancia “no es una decisión neutra”.
Una nueva decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast abrió un fuerte debate sobre las prioridades de la política cultural del Estado y, particularmente, sobre el espacio que las niñas, niños y adolescentes ocupan en ella.
A través del Decreto Supremo N°76 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, publicado en el Diario Oficial, el Ejecutivo dejó sin efecto las normas que establecían el “Día de los Patrimonios Culturales para Niñas, Niños y Adolescentes”, jornada creada en 2023 durante el Gobierno de Gabriel Boric.
La explicación oficial sostiene que las actividades del Día de los Patrimonios abiertas a toda la ciudadanía ya poseen un importante componente familiar y que, por razones de interés general, resulta conveniente concentrar esfuerzos y recursos institucionales en un número más acotado de actividades de mayor alcance.
Durante 2025, el Día de los Patrimonios registró cerca de 3,5 millones de visitas, mientras que un 87% de las 3.232 actividades realizadas estuvo dirigido al público general. El Ejecutivo utiliza estos antecedentes para fundamentar que no sería imprescindible mantener una jornada específica para un determinado grupo etario. Ante estos fundamentos como medio de comunicación meditamos, el actual Gobierno no piensa que ¿los niños y niñas deben ser acompañados por sus padres o tutores?, especialmente para los traslados a largas distancias, por tal razón asisten familias, o los asesores del segundo piso piensan que a las actividades deben ir solo los niños y niñas?
Pero la decisión instala una nueva pregunta que va mucho más allá de la agenda cultural: ¿basta con que una actividad sea abierta a toda la ciudadanía para garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan realmente un espacio pensado para ellos?
La infancia queda en el centro de la controversia
La Defensoría de la Niñez reaccionó cuestionando la decisión. Su director, Anuar Quesille, anunció que solicitará al Ministerio de las Culturas todos los antecedentes utilizados para adoptar la medida, incluyendo información respecto de si se evaluó su impacto sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Quesille calificó la decisión como “lamentable” y sostuvo que eliminar una instancia específicamente pensada para la niñez “no es una decisión neutra”, planteando además la necesidad de conocer cómo se garantizará que no disminuyan las oportunidades de participación cultural de niños y adolescentes.
La preocupación de la Defensoría apunta a un aspecto particularmente sensible: la participación de niños, niñas y adolescentes en la vida cultural y artística está reconocida como un derecho y, por tanto, las políticas públicas deben considerar las condiciones necesarias para que ese derecho pueda ejercerse efectivamente.
Una política que apenas comenzaba a consolidarse
La jornada había sido creada en 2023 con una finalidad explícita: generar un espacio de participación patrimonial especialmente dirigido a personas entre 0 y 18 años.
Los propios registros del Ministerio de las Culturas muestran que en 2024 la iniciativa convocó a 359 organizaciones, 682 actividades y 171.593 visitas, siendo presentada institucionalmente como un espacio de encuentro y participación desde una perspectiva de derechos culturales.
En 2025, además, la fecha de realización había sido modificada mediante un nuevo decreto. Ahora, ambas disposiciones quedaron sin efecto.
El debate, por tanto, no se limita a la desaparición de una fecha del calendario. También involucra la continuidad de una política pública que buscaba acercar el patrimonio a las nuevas generaciones mediante lenguajes, actividades y experiencias específicamente diseñadas para ellas.
Boric: “Muy lamentable”
El expresidente Gabriel Boric, bajo cuya administración se creó la iniciativa, también cuestionó la decisión.
A través de Instagram calificó la medida como “muy lamentable” y defendió la necesidad de generar instancias especialmente pensadas para acercar el patrimonio cultural a los menores. “Niños y niñas merecen atención especial y enseñarles nuestro patrimonio en su lenguaje”, señaló.
Así, la decisión del actual Ejecutivo abre una diferencia evidente respecto del enfoque de la administración anterior: mientras el Gobierno de Kast apuesta por concentrar las actividades patrimoniales en jornadas de alcance general, sus críticos sostienen que la inclusión formal de las infancias dentro del público general no necesariamente equivale a garantizar una política cultural diseñada desde sus necesidades y características.
La decisión ocurre además en medio del ajuste presupuestario de Cultura
La controversia adquiere una dimensión adicional debido al escenario presupuestario que enfrenta el Ministerio de las Culturas.
Durante 2026 se concretaron ajustes por $51.750 millones, equivalentes aproximadamente al 10% del presupuesto de la cartera, cifra que la Cámara de Diputadas y Diputados ha identificado como parte de los recortes que deben ser explicados por el Ejecutivo.
El ministro Francisco Undurraga ha defendido estos ajustes, señalando que se trata de una reorganización de recursos y no de un desmantelamiento de la institucionalidad cultural. Según sus declaraciones, el presupuesto efectivo quedaría en torno a los $472 mil millones y permitiría ejecutar más recursos que los efectivamente utilizados durante el período anterior.
Sin embargo, la magnitud del ajuste —cercana al 10%— ha generado cuestionamientos en el sector cultural y en el Congreso, especialmente porque el recorte terminó siendo significativamente superior al 3% inicialmente planteado como ajuste general de la administración pública.
¿retroceso para las infancias?
El cuestionamiento de fondo permanece: una cosa es permitir que niñas y niños participen de actividades dirigidas al público general y otra muy distinta es construir una política cultural específicamente diseñada para ellos.
La Defensoría de la Niñez ya anunció que pedirá explicaciones y antecedentes técnicos al Gobierno. Entre las interrogantes estará precisamente determinar si antes de eliminar la jornada se evaluó su impacto sobre los derechos culturales de la infancia y qué medidas se adoptarán para evitar una disminución de sus oportunidades de participación.
En un país donde el patrimonio busca transmitirse de generación en generación, la discusión queda instalada: ¿se está simplificando la política patrimonial para hacerla más eficiente o se está eliminando un espacio específico destinado a quienes precisamente deberán recibir, conocer y mantener viva esa memoria cultural en el futuro?
La respuesta, por ahora, queda en manos del Gobierno y de los antecedentes que deberá entregar ante los cuestionamientos de la Defensoría de la Niñez.
Kast: los derechos culturales de niñas y niños no se revocan.
