El Gobierno de José Antonio Kast comienza a materializar su estrategia de ajuste para el Presupuesto 2027. El primer gran paquete contempla la descontinuación de 25 programas sociales y su reorganización en nueve iniciativas, una medida que ya genera cuestionamientos respecto del alcance que tendrá el ajuste sobre las políticas públicas destinadas a la ciudadanía.
Según el informe de la Subsecretaría de Evaluación Social, fueron evaluados 46 programas pertenecientes a 22 instituciones y 11 ministerios. De ellos, 25 serán fusionados y tres recibieron una calificación de “Objetado Técnicamente”. Entre estos últimos se encuentra el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
La medida tiene como antecedente el Oficio Circular N°16 de Hacienda, fechado el 21 de abril de 2026, que estableció un escenario de restricción presupuestaria plurianual para la formulación del Presupuesto 2027.
Entre las reorganizaciones se encuentran Becas Patagonia, que reunirá las becas Aysén, Patagonia Aysén y Magallanes; Más Salud en Comunidad, que concentrará cuatro programas de promoción y prevención en atención primaria; y la incorporación de cuatro líneas de intervención de CONADI al Fondo de Desarrollo Indígena. También se integrarán programas de lectura, iniciativas de SENADIS y distintas líneas de apoyo cultural.
El Gobierno sostiene que el objetivo es reducir duplicidades, ordenar la oferta pública y concentrar programas con objetivos o beneficiarios similares. Además, la autoridad ha precisado que la fusión de programas no significa necesariamente que desaparezcan sus prestaciones, sino que estas pasarán a operar dentro de estructuras programáticas más amplias.
Sin embargo, el antecedente que mantiene abierta la controversia es el instructivo de abril: la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó conocer los fundamentos técnicos de una propuesta que contemplaba 142 programas para descontinuación y otros 260 con una reducción presupuestaria de al menos 15%.
Así, mientras el Ejecutivo presenta el proceso como una reorganización destinada a hacer más eficiente el Estado, la discusión política sobre el costo social del ajuste recién comienza. El proyecto de Presupuesto 2027 deberá revelar cuánto dinero se reducirá efectivamente, qué prestaciones cambiarán y cuáles serán las consecuencias para sus beneficiarios.
