Más de 80 organizaciones de derechos humanos llevarán a Washington una batería de denuncias contra la administración de José Antonio Kast. Acusan un “vaciamiento institucional” de organismos y programas dedicados a la memoria, la verdad y la reparación de las víctimas de la dictadura, en un hecho sin precedentes para la democracia chilena.
La política chilena enfrenta uno de sus momentos más delicados en materia de derechos humanos. El próximo 5 de agosto, el gobierno del presidente José Antonio Kast deberá comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia convocada para analizar denuncias sobre el presunto debilitamiento de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.
La convocatoria constituye un hecho inédito: según las organizaciones solicitantes, es la primera vez que la CIDH cita a un gobierno chileno en ejercicio para revisar sus políticas en esta materia, transformando la audiencia en un episodio de alto impacto político e internacional.
La solicitud fue presentada por más de 80 organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y sitios de memoria, encabezadas por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Londres 38 Espacio de Memorias, la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.
Un extenso listado de denuncias
El documento presentado ante la CIDH sostiene que existiría un “vaciamiento institucional” de organismos y programas estatales vinculados a los derechos humanos.
Entre las medidas cuestionadas figuran la disolución de la Unidad de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, modificaciones en equipos del Servicio Nacional de Migraciones y desvinculaciones en áreas relacionadas con el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia.
Las organizaciones afirman que estas decisiones no corresponden a cambios administrativos aislados, sino que formarían parte de un patrón sistemático que debilitaría las capacidades del Estado para garantizar políticas de memoria, justicia y reparación.
Paulina Zamorano, integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, sostuvo que durante la audiencia expondrán antecedentes sobre “el desmantelamiento del Estado en programas y políticas” y advirtió que este proceso afectaría tanto a las instituciones de derechos humanos como a diversas políticas sociales. A su juicio, el debilitamiento institucional “no es aislado, sino que forma parte de un patrón que tiene por finalidad que no exista contrapeso al ejercicio del poder”.
Los “indultos pasivos”: una de las acusaciones más graves
Uno de los puntos más controvertidos de la presentación corresponde a la denuncia de los denominados “indultos pasivos”.
Con esa expresión, las organizaciones describen lo que consideran una omisión del Estado al no oponerse a solicitudes de libertad anticipada o arresto domiciliario para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Según los denunciantes, esa conducta sería incompatible con los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de sanción y persecución de graves violaciones a los derechos humanos.
“El Estado de Chile se comprometió no solamente a investigar, sino que a sancionar adecuadamente la grave violación a los derechos humanos. El deber de sancionar implica respetar las penas que se impongan a los responsables de dichos crímenes”, afirmó Zamorano.
Presupuesto bajo la lupa
Las organizaciones también pusieron el foco en los lineamientos presupuestarios para 2027.
Según los antecedentes entregados a la CIDH, los ajustes podrían comprometer la continuidad del Programa de Derechos Humanos, del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) y de decenas de iniciativas estatales vinculadas a salud, educación, vivienda, protección social, juventud y mujeres.
Los denunciantes sostienen que estos recortes afectarían políticas de reparación destinadas a víctimas de violaciones de derechos humanos, mientras que el Ejecutivo no ha reconocido públicamente que dichas modificaciones tengan ese objetivo.
El INDH y los sitios de memoria en el centro de la controversia
Otra de las materias incluidas en la presentación internacional es la situación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuya eliminación ha sido promovida por dirigentes del Partido Republicano bajo el argumento de que existiría un sesgo institucional.
Asimismo, las organizaciones cuestionan la paralización de procesos relacionados con sitios de memoria, entre ellos la expropiación de la ex Colonia Dignidad, sosteniendo que estas decisiones representarían un retroceso en las políticas de preservación de la memoria histórica.
Washington será escenario de una audiencia histórica
Más allá de su resultado, la audiencia del próximo 5 de agosto ya marca un precedente político de gran magnitud.
El gobierno de José Antonio Kast deberá responder ante un organismo internacional a un conjunto de acusaciones que apuntan al supuesto desmantelamiento de instituciones y programas construidos durante décadas para abordar las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Mientras las organizaciones califican el proceso como una señal de alerta internacional sobre el rumbo de las políticas públicas en Chile, desde el Ejecutivo se espera la defensa oficial de las decisiones adoptadas por la administración.
Lo que ocurra en Washington no solo tendrá repercusiones diplomáticas. También podría abrir un nuevo capítulo en el debate político nacional sobre memoria, justicia, reparación y el rol del Estado en la protección de los derechos humanos, en una controversia que promete seguir generando fuertes enfrentamientos tanto dentro como fuera del país.
