Por Héctor White Mañao
Dirigente indígena y participante en la construcción de la Ley N°20.249 (Ley Lafkenche).
Si el país quiere discutir modificaciones a la Ley Lafkenche, hay un principio que no puede perderse: el mar se comparte, no se reparte.
En los últimos meses se ha instalado la idea de que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) significan apropiarse del borde costero, cerrar el acceso o impedir otras actividades productivas. Nada está más lejos del sentido con el que esta ley fue construida.
Quienes participamos en su elaboración nunca buscamos crear espacios exclusivos para unos pocos. Lo que impulsamos fue un instrumento que reconociera una realidad histórica: durante generaciones, pueblos originarios, pescadores artesanales, recolectoras de orilla, buzos, navegantes y muchas otras personas han compartido el mismo mar. La Ley Lafkenche nació para proteger esa convivencia y resguardar nuestra soberanía alimentaria, no para reemplazarla por otra forma de exclusión.
Los ECMPO no entregan propiedad sobre el mar. El mar sigue siendo un bien nacional de uso público. Lo que la ley reconoce es la posibilidad de administrar determinados espacios mediante planes aprobados por el Estado, donde deben incorporarse los distintos usuarios que desarrollan actividades en el territorio. Administrar no significa poseer; significa cuidar, ordenar y construir acuerdos.
Por eso preocupa que el debate público se haya construido sobre mitos más que sobre la experiencia de los territorios. Se habla de un mar cerrado, cuando existen experiencias que demuestran exactamente lo contrario. En Hualaihué, por ejemplo, el ECMPO Mañihueico-Huinay incorpora formalmente a comunidades indígenas, sindicatos de pescadores, mitilicultores, empresas de turismo, juntas de vecinos y establecimientos educacionales en una misma estructura de gobernanza. Ese es el espíritu de la ley.
Si existen aspectos administrativos que mejorar, es legítimo discutirlos. Siempre habrá espacio para perfeccionar procedimientos, reducir tiempos de tramitación o fortalecer la institucionalidad. Pero lo que no debiera modificarse es el principio que dio origen a esta legislación: reconocer que el borde costero no pertenece a un solo actor y que su futuro depende de la convivencia entre quienes históricamente lo han habitado.
Chile enfrenta desafíos cada vez mayores en la protección de sus ecosistemas marinos y en el desarrollo de una economía costera sostenible. Frente a ese escenario, necesitamos más diálogo, más gobernanza compartida y más participación territorial, no menos.
La Ley Lafkenche no fue creada para dividir el mar. Fue creada para evitar que el mar terminara concentrado en unos pocos y para garantizar que quienes siempre han vivido de él también tengan voz en su administración.
Ese principio no debiera ser negociable. Porque el mar, como siempre ha sido en nuestras costas, se comparte; no se reparte.
