De izquierda a derecha, el número de exmandatarios latinoamericanos investigados, condenados o encarcelados se ha incrementado de manera inédita en los últimos meses, la mayoría por delitos de corrupción.
Los tribunales de la región han intensificado en los últimos años los procesos judiciales contra expresidentes, sin distinción de orientación política. Mientras en algunos países estos fallos son calificados como “históricos”, los exmandatarios involucrados sostienen su inocencia y aseguran ser víctimas de persecuciones políticas por su rol opositor a los gobiernos de turno.
Bolsonaro y el conflicto con EE.UU.
El caso más reciente es el del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2023), quien el 4 de agosto recibió una orden de arresto domiciliario dictada por el Supremo Tribunal Federal. Se le acusa de conspirar para desconocer las elecciones de 2022, en las que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión desató un inesperado conflicto bilateral, ya que el Gobierno de Estados Unidos defendió al exmandatario ultraderechista y amenazó con imponer sanciones comerciales a Brasil.
En ese mismo país, Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue detenido en abril, luego de ser condenado a más de ocho años de cárcel en el marco de la Operación Lava Jato.
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Colombia y Argentina
El 1 de agosto, la justicia colombiana condenó a Álvaro Uribe (2002-2010) a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. También se le impuso una millonaria multa e inhabilitación política.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) cumple desde junio una pena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La líder progresista fue declarada culpable de administración fraudulenta, aunque sostiene que se trata de un intento de proscripción política.
Condenas en Centroamérica
En Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015) acumula condenas que superan los 25 años de prisión por corrupción, lavado y fraude, aunque se mantiene en libertad.
En El Salvador, Elías Antonio Saca (2004-2009) fue sentenciado en 2018 a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero.
El caso más grave recayó en Juan Orlando Hernández (2014-2022), expresidente de Honduras, quien en junio de 2024 fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión y una multa millonaria por narcotráfico, al ser considerado responsable de haber convertido a su país en un “narco-Estado”.
En Bolivia, la exmandataria Jeanine Áñez (2019-2020) cumple una condena de 10 años por su rol en la crisis política de 2019. Además, enfrenta otros juicios por terrorismo y su presunta responsabilidad en la masacre de Senkata.
El récord peruano
Perú concentra el mayor número de exmandatarios con procesos abiertos. Actualmente, Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo enfrentan prisión preventiva o condenas, mientras que Pedro Pablo Kuczynski espera juicio en libertad. Antes de ellos, Alberto Fujimori cumplió 15 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, y Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por corrupción.
Un fenómeno regional
El incremento de expresidentes bajo procesos judiciales marca un cambio en América Latina: la impunidad parece retroceder, aunque los fallos dividen a la opinión pública. Para algunos, son un avance en la lucha contra la corrupción; para otros, se trata de una herramienta política usada por gobiernos en contra de sus opositores.
