Minvu abre una línea de subsidios para centros comunitarios de culto por casi $5.900 millones y desata cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno de José Antonio Kast
Una nueva decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo abrió un intenso debate sobre las prioridades de la política habitacional del Gobierno de José Antonio Kast. El Minvu incorporó para 2026 una línea específica destinada a la construcción de Centros Comunitarios de Culto, con recursos públicos que alcanzan las 143.800 UF, equivalentes aproximadamente a $5.896 millones, y contempla 22 cupos a nivel nacional.
La convocatoria establece que cada proyecto podrá recibir un subsidio de hasta 5.450 UF, es decir, más de $223 millones por iniciativa, y que podrán postular exclusivamente organizaciones funcionales vinculadas a instituciones religiosas.
La decisión resulta especialmente polémica en un país con un Estado Laico, donde miles de familias continúan esperando una solución habitacional y donde los comités de vivienda enfrentan dificultades para concretar sus proyectos.
¿Un programa habitacional financiando infraestructura religiosa?
El propio Minvu define estos proyectos como equipamientos comunitarios destinados a encuentros, diálogo y cooperación que beneficien a la comunidad en general, incorporando además espacios para celebraciones de culto. La convocatoria exige, entre otros requisitos, una carta de apoyo de la institución religiosa vinculada a la organización postulante y contempla expresamente un espacio destinado a actividades de culto.
El debate, por tanto, no se reduce simplemente a la construcción de un salón comunitario. La pregunta que comienza a instalarse es por qué recursos provenientes de una política pública administrada por el Ministerio de Vivienda deben financiar infraestructura vinculada directamente a organizaciones religiosas, mientras persisten necesidades habitacionales y sociales urgentes. Esto nos lleva a preguntarnos ¿si el Ministro de Vivienda esta satisfaciendo una necesidad ideológica del Presidente Kast?
Desde una perspectiva crítica, la medida puede ser interpretada como un cambio en las prioridades del gasto público: recursos que podrían fortalecer equipamientos sociales de organizaciones territoriales, sedes vecinales, infraestructura comunitaria o iniciativas relacionadas con la emergencia habitacional también quedan disponibles para proyectos asociados al culto.
El contraste que genera indignación
La controversia aumenta al observar que el mismo llamado establece líneas diferenciadas para juntas de vecinos, organizaciones deportivas y otras organizaciones comunitarias, mientras crea una categoría exclusiva para organizaciones vinculadas a instituciones religiosas.
El escenario genera una pregunta inevitable: ¿cuál debe ser el límite entre el apoyo estatal a actividades comunitarias y el financiamiento público de infraestructura destinada al culto?
En un Estado Laico que constitucionalmente reconoce la libertad religiosa, pero que también debe administrar recursos públicos para toda la ciudadanía, el debate sobre la neutralidad del Estado frente a las distintas confesiones adquiere especial relevancia.
La vivienda social sigue siendo la pregunta de fondo
La polémica adquiere mayor dimensión cuando se pone sobre la mesa el problema estructural de acceso a la vivienda en Chile y las dificultades que enfrentan los comités habitacionales para avanzar desde la organización comunitaria hasta una solución concreta.
Por eso, más allá de las creencias religiosas de cada persona, el punto central de la discusión debería ser cómo se utilizan los recursos públicos y cuáles son las necesidades que el Estado decide priorizar, especialmente donde el actual Gobierno esta quitando el 3% del presupuetso total del MINVU y que recae especialmente disminuyendo el presupuesto para viviendas sociales.
Y ahí queda instalada la pregunta que seguramente continuará generando controversia:
En medio de una crisis habitacional que todavía afecta a miles de familias, ¿es ésta una prioridad que el Estado debe financiar con recursos públicos, especialmente cuando estás instituciones religiosas no tienen necesidades económicas?. Recordemos que la gran mayoría de estos cultos religiosos se mantienen con el diesmo, se instalan en grandes espacios y construcciones y tienen hasta cadenas de medios de comunicacioón en su interior con gran tecnología, por lo tanto, no tienen necesidades para usufructuar del presupuesto del Estado.
La respuesta no corresponde únicamente al Gobierno. También es una discusión que involucra al Congreso, a las organizaciones sociales, a los comités de vivienda y a la ciudadanía, especialmente respecto de cuáles deben ser las prioridades del presupuesto público y cómo garantizar que los recursos estatales se administren con criterios de igualdad, transparencia y beneficio comunitario.
La decisión resulta especialmente polémica en un país con un Estado Laico, donde miles de familias continúan esperando una solución habitacional, donde los comités de vivienda enfrentan dificultades y recortes de financiamiento para concretar sus proyectos.
