Fuente: Quilicura TV
El destino de más de 460 hectáreas de biodiversidad en la zona norte de la Región Metropolitana enfrenta una etapa de profunda incertidumbre. Organizaciones socioambientales y vecinos de Quilicura se declararon en estado de “alerta e indignación” tras confirmarse la segunda suspensión consecutiva de la audiencia pública correspondiente a la causa Rol R-541-2025 y acumuladas, actualmente tramitada en el Segundo Tribunal Ambiental.
La audiencia, originalmente programada para el miércoles 20 de mayo de 2026, fue suspendida a última hora debido a problemas en la integración del tribunal, específicamente por falta de quórum de ministros para sesionar.
La postergación frena temporalmente un litigio considerado histórico para la comuna: un grupo de empresas constructoras, inmobiliarias y propietarios particulares busca revertir el estatus de protección ambiental que actualmente resguarda el ecosistema, situación que las organizaciones ciudadanas califican como “un atentado directo contra el patrimonio natural de Quilicura”.
𝗘𝗟 𝗢𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗟𝗜𝗖𝗧𝗢
El conflicto jurídico y técnico se origina en la segunda declaratoria de protección ambiental emitida por el Ministerio del Medio Ambiente bajo la Ley N° 21.202 sobre Humedales Urbanos.
Dicha resolución fue dictada luego de que un fallo judicial anterior obligara a reiniciar el proceso de delimitación original realizado en 2021. Finalmente, en mayo de 2025, la autoridad ambiental formalizó la protección de una superficie exacta de 468,4 hectáreas.
Sin embargo, empresas inmobiliarias y propietarios privados presentaron nuevas reclamaciones judiciales argumentando que la delimitación afecta directamente sus derechos de propiedad y sus proyecciones de desarrollo industrial y habitacional.
Desde el ámbito técnico, la Municipalidad de Quilicura sostiene que el humedal cumple funciones ambientales críticas para la comuna y la ciudad, actuando como regulador natural frente al cambio climático, mitigando olas de calor urbanas y reduciendo riesgos de inundación asociados a los desbordes del Estero Las Cruces y la subcuenca del Estero Lampa.
𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗗 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗢𝗔𝗠𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗔
Ante la presión inmobiliaria, diversas organizaciones territoriales han articulado una estrategia de defensa comunitaria del ecosistema.
Entre las principales agrupaciones destacan:
– 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗔𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝘆 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗤𝘂𝗶𝗹𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮
Encargada de coordinar movilizaciones ciudadanas, labores de fiscalización ambiental y seguimiento del expediente judicial.
– 𝗥𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗼𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗤𝘂𝗶𝗹𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮 (𝗥𝗦𝗤)
Colectivo enfocado en educación ambiental, investigación aplicada al territorio y levantamiento cartográfico del polígono en disputa.
– 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗡𝗴𝗲𝗻 𝘆 𝗢𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗞𝘂𝗹𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮
Organizaciones dedicadas al monitoreo de biodiversidad, registro de avifauna y recopilación de antecedentes históricos sobre el uso de suelos del sector.
A estas acciones se suma el apoyo técnico y logístico de iniciativas como el proyecto universitario Reintegrando Humedales y la Fundación Kennedy, entidades que colaboran en jornadas masivas de limpieza, restauración ecológica y recuperación de áreas afectadas por microbasurales y descargas ilegales.
𝗠𝗢𝗟𝗘𝗦𝗧𝗜𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔𝗦 𝗗𝗜𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗝𝗨𝗗𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘𝗦
La suspensión de la audiencia del pasado 20 de mayo, comunicada vía correo electrónico pocas horas antes de su realización, provocó molestia entre dirigentes y vecinos.
Representantes de distintas organizaciones realizaron una manifestación pacífica frente a las dependencias del tribunal, ubicadas en Morandé 360, acusando una excesiva burocracia que —según señalan— termina favoreciendo el desgaste de las comunidades movilizadas.
Las agrupaciones también advirtieron sobre el riesgo de desprotección temporal que enfrenta el territorio mientras el proceso judicial continúa dilatándose.
Por su parte, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla Navarrete, en una declaración junto a concejales reiteró el compromiso municipal de defender íntegramente el polígono protegido junto a las comunidades y equipos técnicos.
Debido al alto interés público del caso, el Segundo Tribunal Ambiental informó que, una vez reagendada oficialmente la audiencia, los alegatos serán transmitidos íntegramente mediante su plataforma digital institucional.
Las organizaciones vecinales ya anticiparon que convocarán una masiva presencia ciudadana en el centro de Santiago el día en que finalmente se realice la esperada audiencia.
